15/09/2026

No culpemos a la gente, no culpemos a internet: culpemos al poder

La lucha contra la desinformación no pasa por tutelar a la ciudadanía, sino por desmontar las estructuras de poder político, mediático y tecnológico que producen, amplifican y rentabilizan la mentira.

Por Simona Levi

Cada vez que estalla una crisis de desinformación, el debate público se organiza alrededor de una escena tan repetida como engañosa: una ciudadanía vulnerable, unas tecnologías desbordadas y unas instituciones supuestamente llamadas a protegernos de la confusión. En esta escena, la solución parece obvia: más moderación automatizada, más verificación centralizada, más herramientas capaces de distinguir lo verdadero de lo falso y, si es posible, una inteligencia artificial ética que nos ayude a orientarnos. El problema es que este marco parte de una premisa equivocada. La desinformación no es, ante todo, un problema de ignorancia individual ni un accidente tecnológico. Es un problema político. Más exactamente: un problema de poder.

Lo sostuve en #FakeYou y sigue siendo, a mi juicio, el punto de partida imprescindible. No por nada el subtítulo que puse a mi libro fue: Fake News y Desinformación – Gobiernos, partidos políticos, mass media, corporaciones, grandes fortunas: monopolios de la manipulación informativa y recortes de la libertad de expresión.

No debemos culpar a la gente. Tampoco debemos culpar a internet como si fuera, por naturaleza, una máquina de degradación democrática. Debemos mirar hacia arriba y rastrear el dinero invertido y las ordenes institucionales para viralizar unos mensajes más que otros. Este es el camino.

La mentira organizada no nace de una supuesta incapacidad popular para discernir, sino de ecosistemas económicos y políticos que la hacen viral, masiva y sobre todo rentable económica y/o políticamente. Digamos que para que la mentira corra y sea eficaz para modificar el debate social, ha de ser «hormonada» con dinero o ordenes institucionales para que se escuche por encima del resto. y esto no es propio de internet sino que es la propaganda de toda la vida. 

Por eso me preocupa profundamente que la respuesta dominante frente a la desinformación se formule en términos paternalistas. Cuando se afirma que hay que “proteger” a la ciudadanía de los contenidos falsos, a menudo lo que se está proponiendo es reforzar dispositivos de tutela vertical: expertos que deciden qué circulación informativa es legítima, plataformas que arbitran la visibilidad del discurso, instituciones que piden confianza sin ofrecer transparencia. Este enfoque no solo es insuficiente; también es peligroso. Porque puede terminar reforzando exactamente aquello que dice combatir: la concentración de poder sobre la verdad pública.

Combatir la desinformación no puede significar transferir más poder de decisión a los mismos actores que han contribuido a degradar el ecosistema informativo. Las grandes plataformas no son árbitros neutrales. Los poderes públicos tampoco lo son por definición. Y los medios tradicionales, por importantes que sean, no están exentos de intereses, sesgos, dependencias o connivencias. Una democracia madura no se construye sobre guardianes de la verdad, sino sobre condiciones materiales que permitan el contraste, la trazabilidad, la pluralidad y la rendición de cuentas.

Esto obliga a invertir la mirada. En lugar de preguntar por qué la gente se cree las noticias falsas, conviene preguntar quién gana con la desinformación, qué arquitecturas tecnológicas la incentivan, qué modelos de negocio la premian, qué opacidades institucionales la hacen posible y qué debilidades democráticas la vuelven eficaz. Es una diferencia decisiva. Cuando culpamos a la ciudadanía, convertimos un problema estructural en un fallo moral o cognitivo de las personas. Cuando culpamos exclusivamente a internet, convertimos un conflicto de poder en un fatalismo técnico. En ambos casos, exculpamos a quienes diseñan, financian, distribuyen y explotan la mentira a escala industrial.

Mi enfoque es claro: dejemos en paz la libertad de expresión y sigamos el dinero o el poder institucional. Cuando un mensaje se hace viral porque alguien paga por ello, hay alguien que paga y alguien que cobra. Esto ya no es libertad de expresión sino negocio y los negocios no solo se pueden sino que se deben regular. Lo mismo cuando un mensaje es amplificado por voluntad institucional. En ambos casos han de haber reglas estrictas de verificación informativa de obligado complimiento así como responsabilidades editoriales.

La alfabetización mediática y digital es necesaria. Pero sería un error presentarla como la solución principal. Ninguna formación crítica puede compensar, por sí sola, un entorno sistemáticamente organizado para premiar la polarización, la emocionalidad extrema, la opacidad algorítmica y la economía de la atención. Pedir a la ciudadanía que se defienda individualmente de un ecosistema manipulado equivale a trasladar a los usuarios la responsabilidad de resistir estructuras de poder descomunales. Es como pedir a los consumidores que resuelvan con lectura atenta contratos abusivos redactados por ejércitos de abogados. La formación ayuda, sí, pero no sustituye la regulación democrática, ni la transparencia, ni el pluralismo, ni la redistribución del poder comunicativo.

La clave, por tanto, no es “proteger” a una masa supuestamente crédula, sino generar condiciones democráticas de autonomía informada. Eso implica, en primer lugar, transparencia radical  y obligaciones claras para los sistemas de intermediación informativa., sean medios, plataformas, empresas de comunicación o instituciones. Necesitamos saber cómo se priorizan los contenidos, qué datos se utilizan para segmentarlos, qué relaciones económicas o políticas condicionan su visibilidad, qué lógicas comerciales están detrás de la recomendación y la viralización. Sin transparencia no hay posibilidad de control democrático. 

En segundo lugar, necesitamos pluralismo estructural. La lucha contra la desinformación no puede descansar en una alianza entre instituciones públicas, grandes medios y plataformas privadas que se reconocen entre sí como únicos mediadores legítimos. Eso reproduce una esfera pública cerrada y oligopólica. La democracia exige diversidad de canales, infraestructuras públicas o comunes, interoperabilidad, descentralización y condiciones de competencia que impidan que unas pocas empresas se conviertan en la puerta de acceso al debate público. Todas ellas han de tener obligaciones de verificación demostrables.

En tercer lugar, hay que asumir que la desinformación prospera en entornos de desconfianza justificada. No toda sospecha ciudadana es irracional. Con frecuencia, lo que llamamos “credulidad” o “confusión” es el resultado de décadas de opacidad institucional, corrupción, promesas incumplidas, concentración mediática y captura regulatoria. Cuando las instituciones no rinden cuentas, cuando los medios tradicionales pierden credibilidad por su proximidad al poder, cuando las plataformas operan como cajas negras, el terreno queda abonado para relatos alternativos, incluidos los delirantes. La respuesta, por tanto, no es pedir obediencia, sino reconstruir credibilidad mediante prácticas verificables de transparencia, responsabilidad y apertura.

También conviene escapar de otro falso dilema: libertad de expresión versus protección frente a la desinformación. Es un marco simplificador que suele conducir a malas políticas. La libertad de expresión no consiste en dejar intactos los mecanismos industriales de manipulación, ni la protección consiste en censura preventiva o filtrado masivo. Entre ambas caricaturas hay un campo amplio de acción democrática: reglas contra la opacidad publicitaria, límites al microtargeting político, obligaciones de trazabilidad para campañas coordinadas, sanciones a la manipulación organizada, protección de denunciantes, apoyo al periodismo independiente, garantías de acceso a datos para auditoría pública y desarrollo de infraestructuras digitales sometidas al interés general.

En este punto, la inteligencia artificial merece una cautela especial. Que se presente como “ética” no la convierte automáticamente en democrática. El riesgo es que, bajo la promesa de una mediación técnica neutral, se refuercen sistemas automáticos de clasificación, priorización y vigilancia cuyo funcionamiento real queda fuera del escrutinio público. La pregunta no es si la IA puede ayudar a detectar patrones de manipulación. Claro que puede. La pregunta es quién la diseña, con qué datos, bajo qué criterios, con qué sesgos, con qué supervisión y con qué posibilidad de impugnación. Si la respuesta es opaca, centralizada y privativa, el remedio puede ser peor que la enfermedad.

Por eso, la defensa de los derechos debe situarse en el centro de cualquier estrategia democrática contra la desinformación. Derechos no significa únicamente privacidad, aunque también. Significa derecho a comprender las infraestructuras que condicionan nuestra vida pública, derecho a no ser manipulado mediante diseños opacos, derecho a saber por qué vemos lo que vemos, derecho a acceder a servicios e información sin ser sometidos a extracción abusiva de datos, derecho a infraestructuras gobernables democráticamente.

La ciudadanía no necesita tutela; necesita poder. Poder para entender, para contrastar, para organizarse, para fiscalizar a las instituciones, para impugnar decisiones automatizadas, para exigir apertura tecnológica y para participar en la definición de las reglas. La democracia no se fortalece reduciendo a la población al papel de usuaria vulnerable que debe ser educada y protegida por arriba. Se fortalece reconociéndola como sujeto político capaz, siempre que existan condiciones materiales para ello.

Ahí está, a mi juicio, la cuestión central. La desinformación no se combate civilizando internet ni corrigiendo a una ciudadanía supuestamente extraviada. Se combate desmantelando estructuras de poder irresponsable. Se combate exigiendo transparencia y verificabilidad. Se combate garantizando pluralismo real. Se combate con instituciones que rindan cuentas y no pidan fe. Y se combate, sobre todo, dejando de tratar a la gente como problema para empezar a tratarla como parte de la solución.

Si de verdad queremos reforzar la democracia, debemos abandonar el marco moralista y tecnocrático que domina este debate. No se trata de separar mágicamente la verdad de la mentira con mejores herramientas. Se trata de decidir quién gobierna las infraestructuras de comunicación, con qué límites y bajo qué control social. Ese es el terreno político real. Y ahí es donde debemos dar la batalla.

Bibliografía (APA 7.ª edición)

Levi, S. (2019). #FakeYou: Fake News y Desinformación – Gobiernos, partidos políticos, mass media, corporaciones, grandes fortunas: monopolios de la manipulación informativa y recortes de la libertad de expresión. Rayo Verde.

Levi, S. (2024). Digitalización democrática. Soberanía digital para las personas. Rayo Verde.

Zuboff, S. (2019). The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power. Profile Books.