05/02/2026

El clima contra la democracia: obstáculos de las democracias para gestionar la crisis climática

por Cristina Monge

La crisis climática es, sin duda, el principal desafío que tiene la humanidad. Su gestión puede ayudar a fortalecer la democracia o, por el contrario, puede tensionarla hasta llegar a dañarla o romperla.

Pese a que las democracias siguen siendo más eficaces para gestionar los problemas ambientales que los regímenes totalitarios, se constata también que tienen dificultades para hacer frente a este desafío. Identificarlas e intentar ponerles solución es clave tanto para el éxito de la gestión ambiental, como para el fortalecimiento de las propias democracias. La literatura especializada ha detectado problemas propios de las democracias a la hora de gestionar la crisis climática. Hacen referencia a las dos esferas de las democracias avanzadas: la conversación pública y la toma de decisiones.

Una conversación pública de calidad

La complejidad de la crisis climática dificulta que las sociedades democráticas puedan gestionarla sin resentirse. Contar con conocimientos suficientes para el entendimiento que requiere tanto la crisis como la transición, y conseguir que esos conocimientos sean accesibles para el conjunto de la ciudadanía es clave para su éxito. 

Este conocimiento científico al alcance de la sociedad debe traducirse en información de calidad, lo que supone hacer frente a cualquier atisbo de desinformación. Según la Comisión Europea por desinformación climática se entiende¹ la difusión intencional de información falsa relacionada con el cambio climático y las medidas para combatirlo. Conscientes de la variedad de casos de desinformación, autores como Almiron & Moreno (2022) advierten de la necesidad de crear distintas categorías que representen la diversidad de actitudes que habitualmente se esconden bajo el genérico de “desinformación”. Desde las posiciones escépticas basadas en ideas pseudocientíficas, hasta el obstruccionismo que persigue obstaculizar políticas ambientales, pasando por el “retardismo” que busca retrasar las políticas climáticas, todas ellas se engloban en un marco que socava la confianza en la ciencia, debilita el apoyo de la opinión pública, obstaculiza su implementación y, en definitiva, acaba debilitando la democracia. 

El fenómeno, aunque ha ido incrementando en cantidad e impacto, no es nuevo. Ya en el Segundo Informe de Evaluación sobre el Cambio Climático del IPPC, publicado en 1995, hay una referencia en su prólogo al problema de la desinformación como herramienta que obstaculiza la comunicación de la Ciencia Ambiental. En el sexto informe (2022) el documento dedicado a mitigación incluye entre las áreas de investigación relevantes y en las que es preciso seguir profundizando: “El impacto de los medios de comunicación -tradicionales y sociales- en la mitigación del cambio climático, incluido el papel de la desinformación.”

Por otro lado, en la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social europeo y al Comité de las Regiones COM (2024) 91 final, Gestión de los riesgos climáticos; proteger a las personas y la prosperidad  se cita la desinformación climática entre los factores de aceleración de riesgos climáticos. A continuación, la Comisión se compromete a emprender acciones de lucha contra la desinformación mediante el análisis de su influencia en el comportamiento, el uso de herramientas y enfoques de comunicación pertinentes, etc.

Distintas investigaciones² sobre la desinformación climática en plataformas digitales muestran una variedad de estrategias, discursos tanto negacionistas como retardistas, implicación de influencers en distintas áreas como el bienestar y la espiritualidad, aparición de campañas en momentos concretos como la celebración de la COP27 y otras de carácter más permanente, etc. 

Algunos medios de comunicación tradicionales y, más recientemente, los nuevos canales digitales, han actuado como vectores de difusión de desinformación. El trabajo de Supran & Oreskes (2021) es revelador al respecto, ya que muestra cómo el argumentario de ExxonMobil, basado en la retórica del «riesgo» climático y la «demanda» de energía de los consumidores, normaliza la dependencia de los combustibles fósiles e individualiza la responsabilidad, como ya hiciera antes la industria del tabaco. Además, desvela también cómo pagó al New York Times para que publicara anuncios de estilo editorial entre 1989 y 2004. 

La desinformación ha sido también facilitada por una malentendida norma de una cobertura mediática equilibrada, en la que expertos en las ciencias del clima y negacionistas estaban representados por igual, algo que carece de lógica desde el punto de vista del debate y la calidad de la información. ¿Alguien consideraría necesario convocar a un terraplanista a debatir con un geógrafo? 

Finalmente, en los últimos años las redes sociales han contribuido a la propagación de la desinformación sobre el cambio climático amplificando el discurso obstruccionista, retardista y negacionista. En ocasiones, lo hacen aprovechando la falta de escrutinio público de mensajes que sólo llegan mediante mensajería instantánea a un grupo de destinatarios dispuestos a creer los bulos ambientales. En otros, no esconden actitudes anti-científicas. 

En cuanto a las estrategias desplegadas, sembrar dudas es una de las más utilizadas, pero no es la única. Se pueden encontrar también campañas y acciones que buscan relativizar la importancia de la crisis climática, hacer creer en la imposibilidad de hacerle frente u optar por desviar la atención y responsabilizar del problema a los comportamientos individuales. 

Detrás de muchas de estas estrategias de desinformación se encuentran lobbys empresariales y políticos que, de una forma deliberada y coherente con sus intereses, han puesto en marcha estas campañas. Según el análisis de la literatura negacionista realizado por Jacques et al. (2008), de los 141 libros publicados entre 1972 y 2005 que promovían el escepticismo ambiental, 130 estaban asociados con think tanks conservadores desde Australia a Canadá, pasando por Europa, Sudáfrica o Estados Unidos. 

Una toma de decisiones aquí y ahora

Las democracias liberales occidentales están fuertemente ancladas en los ejes de la modernidad, el espacio y el tiempo. Su espacio es el que encierran las fronteras de los Estados, más o menos compuestos, pero siempre delimitados con precisión. El tiempo, el que transcurre de unas elecciones a otras, aquel en el que se plantean los compromisos y se rinden cuentas. El cambio climático supera ambos límites. 

Empecemos por el espacio. El ámbito por excelencia de las democracias es el Estado, con sus distintos niveles en caso de Estados compuestos. Partiendo de esta base autores como Gerratt Hardin (1968) hablaba en los años setenta de la “tragedia de los bienes comunes” para señalar la dificultad de que individuos y Estados cooperaran para conseguir el mejor resultado ambiental para todos. La respuesta a Hardin la dio la premio Nobel de economía Elinor Ostrom con su investigación acerca de cómo en las circunstancias adecuadas la gente tiende a cooperar y a crear normas para gestionar los recursos naturales compartidos en lugar de actuar por puro interés propio.

La gobernanza global del cambio climático es un ejemplo de gobernanza compleja, abierta, participativa y reticular, que presenta tanto ventajas como notables obstáculos. La propia Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) es un ejemplo de esto, al que hay que añadir toda una serie de acuerdos entre otros actores públicos y privados y redes para la cooperación técnica y política. Acusada generalmente de no conseguir resultados vinculantes que lleven a una ejecución inmediata de los acuerdos, resulta interesante preguntarse si sería posible hacer frente a un desafío global como este de otra manera. 

Si el espacio crea estos obstáculos para la gestión del desafío climático, el otro gran reto tiene que ver con el tiempo. Cuando un candidato o candidata se presenta a unas elecciones sus compromisos, su programa y su propuesta de valor se inscriben dentro de un marco temporal acotado, generalmente cuatro o cinco años, y la rendición de cuentas que debe hacer ante su ciudadanía se corresponde con ese plazo. Es muy difícil incorporar la mirada de largo plazo desde el punto de vista de la rendición de cuentas en nuestras democracias (Held, D. et al, 2011). Máxime, si la transición ecológica se presenta dentro de un paradigma de sacrificio y renuncia.

En la situación actual existe una oportunidad para paliar este hándicap en la consideración de que las políticas de adaptación, que buscan solucionar problemas del presente, se entiendan como aliadas con las políticas de mitigación, que miran al futuro, reforzando así su impacto. 

Por otro lado, entidades como la Unión Europea pueden suponer una alternativa, dado que su modelo de gobernanza y los equilibrios en los que se basa pueden ayudar en este sentido a conciliar las decisiones del presente con las miradas y estrategias a largo plazo. 

Con este objetivo han surgido también instituciones como los Ministerios del Futuro, las Comisiones del Futuro, etc., que intentan hacer un ejercicio de prospectiva, mirar lejos. Si consiguen ir más allá de los habituales ejercicios de prospectiva, pueden ayudar a articular una conversación pública de calidad en torno a la transición ecológica, si bien las consecuencias cada vez más evidentes de la crisis climática en el presente aconsejan plantear estas políticas como necesidades de estos tiempos con sentido de urgencia. El tiempo, que venía siendo un hándicap en los periodos establecidos para la rendición de cuentas y elección de los representantes públicos, deja de serlo bajo esta óptica.

Hay un tercer hándicap que no es exclusivo de las democracias, pero que les afecta especialmente: la corrupción. Varios estudios muestran los efectos perjudiciales de la corrupción en las políticas medioambientales. De hecho, es uno de los factores que restan eficacia a las democracias en su desempeño climático. La politóloga Marina Povitkina ha comparado 144 países y estudiado sus emisiones de dióxido de carbono junto con el nivel de democracia y corrupción. Según su estudio, sólo en los países en los que la corrupción es baja la gobernanza democrática afecta a los niveles de emisiones. Por contra, si la corrupción es alta, las democracias no obtienen mejores resultados en su desempeño climático que los Estados autoritarios (Povitkina, 2018).

Cuando el Estado es débil, las instituciones son incapaces de elaborar y aplicar políticas y normativas medioambientales, están más fácilmente sometidas a procesos de captura de políticas y las autoridades tienen más problemas para controlar y perseguir actividades ilegales como delitos ambientales. Por si esto fuera poco, la corrupción conduce a la erosión de los ingresos fiscales, lo que afecta aún más a la capacidad de gobernanza. 

Informes de Transparencia Internacional identifican pruebas de captura del Estado en las políticas de descarbonización en lo que respecta a la adopción del impuesto sobre el carbono; de gran corrupción institucionalizada en la transición a las energías renovables; y de corrupción transnacional a través del soborno extranjero en relación con la pérdida de biodiversidad, entre otras. 

Por otro lado, informes expertos señalan que la gran cantidad de financiación que se destina en la actualidad a las políticas climáticas, así como los nuevos instrumentos creados al efecto y la necesaria colaboración entre el sector privado y el público, imprescindible para hacer frente al desafío climático, han incrementado el riesgo de corrupción (Nest, 2024).

Las consecuencias de la corrupción a gran escala en las políticas de cambio climático son numerosas: la degradación del medio ambiente, riesgos para la salud y violaciones de los derechos humanos son las más mencionadas. No puede olvidarse, por otro lado, que también generan retrasos en la mitigación de gases de efecto invernadero e incluso incremento de los mismos, así como dilación e ineficiencias en la adaptación, que pueden llegar a poner en peligro a comunidades por la construcción de infraestructuras no resilientes.  (Resimick 2022, Nest 2024). 

En definitiva, si bien las democracias son más eficaces a la hora de gestionar desafíos como el climático, también presentan hándicaps que necesitan superar. A diferencia de lo que ocurre en los estados totalitarios y autoritarios, si fracasa en la gestión de la crisis climática, la democracia puede sufrir daños cuantiosos.

Referencias:

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social europeo y al Comité de las Regiones COM (2024) 91 final, Gestión de los riesgos climáticos; proteger a las personas y la prosperidad

Hardin, G., 1968. The tragedy of the commons. Science, 162 (3859): 1243–1248, Doi: 10.1126/science.162.3859.1243

Held, D., Hervey, A., (2011): “Democracy, Climate change and Global Governance: Democratic Agency and the Policy Menu Ahead.” en Held, D., Hervey, A., Theros, M., The governance of climate change. Polity Press, 2011.

IPCC (1995): Segundo Informe de Evaluación sobre el Cambio Climático .

IPCC (2022): Sexto Informe de Evaluación sobre el Cambio Climático

Jacques, P. J., Dunlap, R. E., & Freeman, M. (2008):The organisation of denial: Conservative think tanks and environmental scepticism. Environmental Politics, 17(3), 349–385.https://doi.org/10.1080/09644010802055576

Maslen, C. (2024): Ensuring integrity in the response to extreme weather and climate events, Transparencia Internacional

Moreno, J. A. ., & Almiron, N. (2022): Lobby por la (in)acción: Emergencia climática, grupos de interés y negacionismo. Ámbitos. Revista Internacional De Comunicación, (55), 6–7

Nest, M. (2024): Atlas Climate and Corruption Atlas: Lessons from Real-World Cases, Transparencia Internacional

Povitkina, M., ‘The limits of democracy in tackling climate change’, Environmental Politics,27/3 (2018), pp. 411–32,  https://doi.org/10.1080/09644016.2018.1444723

Resimick, M. (2022): Grand corruption and climate change policies, U4 Helpdesk Answer, Transparencia Internacional. 

Supran & Oreskes, 2021, One Earth 4, 696–719 May 21, 2021 ª 2021 The Author(s). Published by Elsevier Inc. https://doi.org/10.1016/j.oneear.2021.04.014

Biografía de la autora:

Cristina Monge es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología y doctora por la Universidad de Zaragoza. Sus áreas de interés son la sostenibilidad  y la calidad democrática, y en especial la gobernanza para la transición ecológica, asuntos que trabajo en centros de investigación como Globernance, BC3, la Fundación Atelier ITD, o en el patronato de Ecodes, de Fundesplai y de la Fundación AVANZA. Es docente en la Universidad Complutense de Madrid y el AP Institute. Desde el año 2020 preside la asociación “Mas Democracia”.

Es analista política en El País, Cadena SER, RTVE, Infolibre y el Green European Journal, forma parte del consejo asesor de Llorente y Cuenca , de DIRSE, de Transparencia Internacional y de la revista Ethic.

Es autora de 15M: Un movimiento político para democratizar la sociedad (2017), y ha coordinado la obra colectiva Tras la indignación. 15M: Miradas desde el presente (2021). También es coautora, junto con Raúl Oliván, de Hackear la Política (2018), y con JJ Verón de La Iniciativa Social de Mediación de los conflictos del agua en Aragón (2019). Además, es co-editora de la colección Más Cultura Política, Más Democracia(Gedisa).

1.  https://climate.ec.europa.eu/eu-action/climate-disinformation_en ↩︎
2. Entre otras, puede consultarse las desarrolladas por el Institute for Strategic Dialogue, www.isdglobal.org, la iniciativa de verificación Maldito Clima https://maldita.es/clima/ o el detector de bulos ambientales del periódico El País. https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2024-03-14/detector-de-bulos-ambientales-como-puede-haber-tantas-zonas-del-mundo-que-se-calientan-mas-rapido-que-el-resto.html
   ↩︎